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Economía

Se habla, y con razón, de la problemática situación, de cara a un futuro que ya está aquí, de las pensiones de los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, un sector tan importante como el de los autónomos parece estar al margen y olvidado, lo que lógicamente les ocupa y preocupa. De ahí que levanten la voz y pidan sitio, y con razón. O sea, como mínimo que se les escuche.
El despacho de abogados Sanahuja Miranda analiza lo que ocurriría en el caso de que sea una empresa la que quiera reclamar lo cobrado de más por las cláusulas suelo.
Bankia lanzó la ‘Hipoteca SIN Comisiones’, que elimina todos los cargos asociados a este tipo de préstamo solo por tener los ingresos domiciliados y, además, no exige al cliente la contratación de ningún producto adicional de la entidad para beneficiarse de estas condiciones.
El Código de Buenas Prácticas que pospuso el Gobierno ante las críticas 'preventivas' de la oposición dará paso a un sistema de reclamación "gratuito y rápido". Así lo ha descrito el ministro de Economía, Luis de Guindos, al ser preguntado por la esperada solución al problema de las cláusulas suelo de las hipotecas que podría estar resuelto en tres meses.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha puesto en marcha reclamaciones extrajudiciales colectivas en referente a la solicitud de devolución de los gastos hipotecarios (notaría, registro, impuestos, etc.), en base a lo establecido por el Tribunal Supremo tras una demanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La disminución neta de la deuda del Ayuntamiento de Madrid durante el ejercicio de 2016 ha sido de 923 millones de euros, como se detalla en el avance de los datos de endeudamiento a 31 de diciembre publicado este martes. La deuda, medida en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, asciende a 3844 millones de euros, un 19 % por debajo de lo previsto en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ en el que concluye que el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros.

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