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Cataluña

El presidente del gobierno popular, Mariano Rajoy, envió emisarios a Cataluña para tratar de acercar posturas en la negociación de una salida política a la crisis. En medio de la polémica por la figura del 'relator' apoyado por el gobierno de Sánchez para coordinar la mesa de partidos, se conoce que el PP se valió de tres mediadores para dialogar con Artur Mas y Carles Puigdemont.

> La vicepresidenta entiende que son críticas fruto del desconocimiento

La polémica figura del 'relator' para dar impulso al diálogo sobre el futuro de Cataluña que ha aceptado incluir el Gobierno en la ecuación para resolver la crisis catalana ha levantado ampollas dentro del PSOE. Varios dirigentes han evidenciado ya sus diferencias con Moncloa, mientras la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, cree que son fruto del desconocimiento. "El Gobierno no asume un ápice del proyecto independentista", insistió.

> Se especula con que el encargado de hacer de 'relator' sería alguien del PNV, pero se desmiente desde Euskadi

El Gobierno aceptaba ayer, despertando una gran polémica, la incorporación de un "relator" a la mesa de partidos para debatir el futuro político de Cataluña. Según explicó en los pasillos del Senado la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, se trataría de una figura "neutral" que "tome nota, convoque y coordine las reuniones", pero no alguien "ajeno a la situación de Cataluña", sino que "entienda bien de todo lo que estamos hablando, de la unidad del Estado y del orden constitucional". Para el Gobierno este papel se aleja del de un "mediador internacional", como pretendían los independentistas.

ERC ha presentado esta mañana en el Congreso una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de 2019 del gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz republicano, Joan Tardá, volvió a insistir en que no puede haber negociación de las cuentas públicas mientras no se den pasos en el juicio del procés.

> Considera que sus 'contactos en el extranjero' intensifican el riesgo de fuga

El Tribunal del llamado 'caso procés' ha rechazado las peticiones de libertad o de medidas alternativas solicitadas en sus escritos de defensa por los 9 procesados que permanecen en prisión. Equiparaban su situación a la del líder político turco Demirtas, a quien el Tribunal de Estrasburgo ha dado la razón en una reciente sentencia dictada en noviembre de 2018, sin embargo el alto tribunal considera que el caso de los políticos catalanes "no existe persecución por las ideas". Asimismo, considera incrementado el riesgo de fuga por sus 'contactos en el extranjero' con otros huidos de la justicia.

La segunda reunión entre el Gobierno y la Generalitat, celebrada el viernes en Barcelona, terminó con avances, según fuentes de Moncloa. En un comunicado conjunto ambas partes se comprometieron a seguir avanzando en la composición de "una mesa de diálogo político de partidos". Durante dos horas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y los representantes de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès y Elsa Artadi, vicepresidente y portavoz autonómicos, respectivamente, mantuvieron una reunión, tras la que ambos Gobiernos coincidieron en señalar que se produjo un diálogo "constructivo".

En Cataluña, las urnas estarán marcadas por las causas judiciales relacionadas con el procés, más allá de los pasos que dé el huido Carles Puigdemont. El ex president de la Generalitat Artur Mas, pendiente de inhabilitación, estaría planeando presentarse a la reelección, y el ex conseller Joaquim Forn, se ha postulado desde la prisión como cabeza de lista para el Ayuntamiento de Barcelona.

> La vicepresidenta rechaza hablar de mediación sino de "coordinación" de los diferentes partidos

Un hipotético rescate de las autopistas de peaje en Cataluña a fecha de 2018 sería de 4.276 millones y no de 5.721 como se estimó en el 2015. Es decir, el Estado se ahorraría un 25% en la factura gracias a la aplicación de la ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde el año pasado, tal y como ha calculado la Universidad Politècnica de Catalunya (UPC).

> El ex ministro de Hacienda, el lehendakari y el president del Parlament también serán testigos en el juicio

El Tribunal Supremo ha fijado el inicio del juicio del 'procès' el 12 de febrero. Lo hace por la petición de las partes, sobre todo de las defensas de los presos catalanes. El tribunal ha aceptado la declaración como testigos del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y su entonces 'número 2', Soraya Sáenz de Santamaría así como del ex ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. Sin embargo, ha rechazado que el fugado ex presidente catalán Carles Puigdemont y el rey Felipe VI comparezcan en el juicio.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cerrado la puerta a apoyar los Presupuestos de 2019 presentados por el gobierno de Pedro Sánchez por la falta de voluntad del PSOE de negociar sobre la autodeterminación y la situación de los políticos catalanes presos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la multa de 200.000 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso en 2015 a Òmnium Cultural, por vulnerar la normativa de protección de datos en una 'gigaencuesta' sobre el referéndum del 9N de 2014. En la sentencia, la Sala rechaza el recurso de Òmnium, al considerar probado que, con las respuestas derivadas del sondeo, la entidad separatista obtuvo datos personales sobre ideología que requieren un reforzamiento de la prestación del consentimiento de su titular.