referéndum en Cataluña

La Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias para investigar el primer acto de la campaña del referéndum que protagonizó el jueves, entre otros, el president de la Generalitat. Asimismo, han comenzado ya las citaciones a los alcaldes independentistas.

El Gobierno ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña con el objetivo de asegurar que no se desvían fondos para el referéndum. De esta manera, interviene directamente en las cuentas autonómicas dejando al mínimo la capacidad de gestión presupuestaria por parte de la Generalitat.

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum independentista del 1-O en Cataluña, la Generalitat hace uso de su 'último cartucho' para pedir diálogo al Gobierno y al rey Felipe VI. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han enviado una misiva al jefe del Gobierno y al jefe de Estado, en la que apelan al diálogo para buscar una solución al conflicto político, al tiempo que denuncian la "ofensiva de represión sin precedentes".

El nuevo partido de Ada Colau y Xavier Domènech hará un llamamiento a la participación en el referéndum independentista del 1 de ocutubre. Así lo han decidido las bases de Catalunya en Comú en una consulta interna en la que el 'sí' a la participación ha recabado el 60% de los apoyos. La formación catalana ha destacado que es un gesto contra la "estrategia represiva" del PP aunque también han señalado que no harán campaña como partido por el 'sí' o el 'no' a la indepedencia.

El president de todos los catalanes, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, lideraron ayer en Tarragona un acto, el primero, de una campaña dirigida sólo a algunos catalanes, los independentistas. Hicieron un mitin para defender el 'sí' en el referéndum ilegal del 1 de octubre, pese a que la consulta está suspendida por el Constitucional y a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la paralización de todos los preparativos, así como esta campaña para pedir el voto.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que en Barcelona se podrá votar en el referéndum de autodeterminación de Cataluña sin poner en riesgo ni a la institución ni a los funcionarios. No obstante, no ha especificado cómo piensa conjugar los dos factores.

El Govern ha anunciado que dejará de enviar los informes semanales de gastos a Moncloa, pese a que el ministerio de Hacienda amenazó con cerrar el grifo del FLA a la Generalitat si se detectaba un desvío de fondos al referéndum.

Correos ha enviado una circular a los directores de oficinas de Cataluña para que todos sus trabajadores se abstengan de realizar envíos relacionados con el referéndum de autodeterminación justo cuando el plazo para recibir las convocatorias de la Generalitat está a punto de terminar.

Tan contundente como suena: en el proceso consultivo de noviembre de 2014, que fue la respuesta del Govern catalán de entonces, el liderado por Artur Mas, a la ilegalización de la consulta soberanista, apenas se obtuvo un 1,8 millones de papeletas a favor de la independencia de un censo de casi 5,5 millones. Si la ciudadanía catalana acudiera en masa a votar en un referéndum que fuera legal, arrasaría el 'no'.

Sin inmutarse, el Govern catalán de Carles Puigdemont declara en público que espera que España le pague la fiesta de la independencia y se siga haciendo cargo de sus pensiones públicas. Lo dijo la consellera de Trabajo, Dolors Bassa, así como el secretario del departamento, Josep Ginesta, quienes no tuvieron palabras, sin embargo, para explicar si en un hipotético Estado independiente catalán sería viable económicamente un sistema de pensiones como el que se conoce hasta ahora en España.

Un juez ha ordenado clausurar la web oficial del referéndum de autodeterminación de Cataluña. La web -reciclada del Estatut- informaba de los aspectos clave de la pretendida consulta secesionista del 1-O y permitía descargar la papeleta de votación.

El Rey Felipe VI se ha salido del guion previsto en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura para hacer una mención expresa y directa a la situación de Cataluña. Sin insinuaciones, ni dobles sentidos que requiriesen de interpretación… Esta vez, el Rey ha sido claro: “La Constitución prevalecerá”.

Los más de 700 alcaldes catalanes que han manifestado su voluntad de colaborar con la organización del referéndum cediendo locales para el día de la votación serán llamados a declarar en calidad de investigados por orden de la Fiscalía. Si se negasen a comparecer, los Mossos ya tienen la orden expresa de detenerlos.

Unidos Podemos quiere que Rajoy explique en un pleno extraordinario cuáles serán las medidas del Gobierno ante el proceso independentista en Cataluña. El grupo confederal considera que se debe dar un debate entre todos los grupos y el presidente para que el Ejecutivo no actúe de espaldas al Congreso. Por otra parte, la formación morada ha vuelto a criticar la actitud del PP después de que un juez suspendiera un acto en Madrid en favor del referéndum por una denuncia de los populares. Según Iglesias, esta decisión atenta contra el derecho de reunión y de expresión.

Más claro, agua. La Fiscalía de Cataluña ha dado directrices directas a los responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra para que “requisen urnas” y todo material encaminado a celebrar el referéndum de autodeterminación el 1-O. Además, tendrán que ‘fichar’ a todo aquel que colabore con la consulta.

Podemos y En Comú Podem han señalado que el Gobierno todavía puede dar una respuesta política al desafío independentista en Cataluña. Tanto Irene Montero como Xavier Domènech han instado a abrir una negociación con el Govern de Cataluña y han señalado que hay tiempo para pactar un referéndum legal y con garantías antes del 1 de octubre. "Si hay un momento para la política, es este", ha declarado Domènech.

Aunque todas las miradas estaban puestas estas pasadas semanas en órganos como el Govern de la Generalitat, el Parlament, el Gobierno central y el Tribunal Constitucional, incluso en los Mossos d'Esquadra, por la postura que pueda tomar este cuerpo policial el 1-O con respecto a las urnas que se pongan en la calle para votar en el referéndum independentista, al final la gran protagonista ha terminado siendo Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona acapara estos días más titulares que Carles Puigdemont o Carme Forcadell por su postura acerca de poner a disposición de la consulta instalaciones municipales de la capital catalana. Y es que la Ciudad Condal será fundamental para que tenga éxito o no el referéndum.

Baile de cifras, sí, pero ninguna de ellas fue realmente abrumadora. Una victoria para algunos, un fracaso de movilización para otros. El caso es que el independentismo catalán monopolizó la manifestación que recorrió las calles de Barcelona con motivo de la Diada del 11 de septiembre al grito de "votaremos", a menos de 3 semanas del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Guardia Urbana cifró en un millón de personas la asistencia a la manifestación, cifra que la Delegación del Gobierno rebajó a 350.000. En 2014, la Diada reunió a 1,8 millones de manifestantes, según los datos de la Guardia Urbana barcelonesa.

Arranca la Diada que marca el inicio de la cuenta atrás para el referéndum del 1 de octubre. Como cada año, la festividad de los catalanes ha comenzado con la ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova, donde se han dado cita las instituciones y partidos políticos, a excepción del PP y Ciudadanos. En medio de la polémica sobre la actuación de los alcaldes catalanes frente a la votación, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que está hablando con la Generalitat para proteger a los funcionarios de cara al 1-O. Sin dejar claro si Barcelona cederá locales municipales para la celebración de la consulta, Colau ha vuelto a pedir diálogo al Gobierno de Mariano Rajoy.

No será una Diada fácil para nadie. Las organizaciones sociales independentistas de Cataluña han llamado a salir masivamente a la calle para celebrar una Diada que tendrá como objetivo reivindicar el referéndum soberanista del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistió anoche en su discurso con motivo de este día de Cataluña en que "es un referéndum legal" y aseguró que todo está preparado para la votación.

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha enviado un informe jurídico a los 787 municipios adheridos para convencerles de que no incurrirían en ningún delito si colaboran con el referéndum de autodeterminación del 1-O.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha dado la referencia de la web preparada para el referéndum de autodeterminación de Cataluña como lugar desde el que descargar las papeletas para votar el 1-O, ante los registros policiales efectuados en una imprenta y un semanario catalán.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez ha trasladado, una vez más, el apoyo de su partido al Gobierno de Mariano Rajoy para hacer frente al desafío soberanista catalán. Sánchez considera que, "pese a las profundas discrepancias" con el presidente del Ejecutivo, "no es momento de siglas ni de partidos".

Tras haber registrado una imprenta en Constantí (Tarragona) en busca de material electoral relacionado con el referéndum del 1-O, la Guardia Civil ha continuado su investigación este sábado en la sede del semanario 'El Vallenc', en la localidad de Valls. Esta investigación se inició este viernes, después de que el Parlament de Cataluña aprobara esta semana la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere que el Parlamento cierre filas con el Gobierno y los tribunales ante el desafío soberanista catalán. Para ello, Ciudadanos ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley sobre el apoyo institucional en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy ha vuelto a repetir este sábado que el referéndum soberanista catalán no se va a celebrar, al tiempo que ha reiterado que hará todo lo necesario para impedir la celebración de la consulta. "Vamos a responder con firmeza, inteligencia, aplomo, proporcionalidad, serenidad y la rapidez necesaria. Mientras ellos corren saltándose los procedimientos y alejándose de la democracia, nosotros nos atenemos a las formas y procedimientos democráticos. En democracia no llega más lejos quien más corre, sino quien no se desvía del buen camino", ha señalado. Rajoy ha manifestado la solidaridad del Gobierno con los alcaldes de Cataluña, después de que Puigdemont pidiera a los vecinos que les interpelaran en la calle si no apoyaban la consulta. "Los alcaldes tienen detrás al Estado, y cumplir su obligación, será lo que les da tranquilidad a ellos y a los vecinos".

Termina el plazo de 48 horas fijado por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que los Ayuntamientos catalanes se manifestaran a favor o en contra del referéndum del 1-O. Según recoge la web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), 674 de los 948 alcaldes catalanes, han trasladado su apoyo a la consulta, al tiempo que han manifestado su dispoción a ceder espacios municipales para su celebración. En total son dos tercios de los municipios aunque representan a menos de la mitad de la población. El mayor revés para el desafío soberanista llegó de la mano de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha echado atrás escudándose en la advertencia del Tribunal Constitucional.

El secretario municipal del Ayuntamiento de Barcelona se ha posicionado en contra de ceder locales para el referéndum independentista del 1-O. Previamente, la alcaldesa Ada Colau, partidaria del derecho a decidir, había deslegitimado la convocatoria por “dejar fuera a la mitad de Catalunya” y vinculó su decisión final sobre la colaboración con la consulta al informe jurídico que ahora llega de manos del secretario Jordi Cases.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha restado legitimidad al referéndum de independencia previsto para el 1 de octubre porque deja “fuera a la mitad de Catalunya”, si bien se ha manifestado a favor de realizar una consulta que "interpele al conjunto de la ciudadanía". De momento, no ha contestado al requerimiento de la Generalitat sobre si la ciudad condal colaborará o no con la instalación de urnas en los colegios electorales.

El Ejecutivo no descarta aplicar el artículo 155 si fuera necesario para evitar que se celebre el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Así lo ha aclarado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras informar de que Moncloa ya tiene preparado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transitoriedad jurídica.

El veterano diputado Joan Coscubiela se ha convertido en estos días en el inesperado héroe y adalid de la democracia en Cataluña con sus aplaudidas intervenciones en los plenos del Parlament desde que el miércoles se debatieran las principales leyes independentistas, la del referéndum y la de transitoriedad.

El Parlamento de Cataluña aprobó ya de madrugada, sobre la 1 de la mañana, la llamada Ley de transitoriedad jurídica, que prevé convertir a Cataluña en una república independiente si gana el sí el 1-O. Lo hizo en un horario imposible, con la oposición retirada del Parlmanet para no formar parte de una farsa y con continuas imposiciones en el funcionamiento del Pleno que debía aprobar esta normativa. Otro lamentable hito que quedará para el recuerdo.

Los independentistas volvieron a meter con calzador en el orden del día del Parlament una de las leyes para la autodeterminación de Cataluña y la presidenta de la Cámara, la independentista Carme Forcadell, ha exigido a los diputados que se queden hasta que sea necesario para votar la ley. O lo que es lo mismo: les exige permanencia para que salga aprobada ya con la mayoría absoluta nacionalista la otra normativa clave para encaminarse a la secesión. La sesión se ha suspendido hasta las 23:00 horas y se espera que después llegue la votación.

El Govern ha enviado una carta a los alcaldes catalanes en la que les apremia a confirmar la disponibilidad de los colegios electorales de cara al referéndum de autodeterminación, ya que da por sentada su utilización.

Desde la primera hora de una ajetreada mañana, el presidente Mariano Rajoy se ha reunido con el socialista Pedro Sánchez y también ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario y urgente para tratar la crisis catalana abierta ayer tras aprobar el Parlament y el Govern de la Generalitat la llamada 'Ley del referéndum'. Esta normativa abre la puerta a romper con el Estado a través de una consulta ilegal que ya ha sido recurrida, anunció Rajoy, a través de la Abogacía del Estado y que llegará ahora al Tribunal Constitucional.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad no admitir a trámite la recusación formulada por la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, contra los 12 magistrados que lo integran

No iba a ser una sesión ordinaria, y nadie podía esperar que lo fuera. Fue la crónica de una ruptura anunciada, que terminó con la aprobación de la Ley de convocatoria del Referéndum de Autodeterminación. Más allá de las leyes y reglamentos vulnerados con su aprobación, el pleno del Parlament fue la escenificación de la ruptura, y fue una escenificación cuanto menos esperpéntica. La mayoría absoluta de Junts Pel Sí y la CUP dejó clara su intención de desobedecer al Tribunal Constitucional, y a cualquier organismo o legislación necesaria, para sacar las urnas a la calle el 1 de octubre.

Pablo Iglesias ha reconocido que el debate en el Parlament sobre la ley del referéndum de los independendistas daña la imagen de la institucionalidad catalana. Sin embargo, las palabras más duras del líder de Podemos el día después del convulso inicio del proceso de desconexión han sido dedicadas al PP, a quien ha acusado de ser el primer responsable del aumento de la tensión en Cataluña. Iglesias se ha opuesto a que el Gobierno central aplique medidas legales o de fuerza como respuesta y ha pedido "bajar el tono" y buscar soluciones políticas.

Junts pel Sí y la CUP han conseguido la aprobación exprés de la ley del referéndum tras una tensa jornada en el Parlament de Cataluña. La norma que sienta las bases para la consulta secesionista ha salido adelante sólo con los votos a favor de los independentistas (72), con la abstención de Catalunya Sí Que Es Pot (11) y con la oposición de PP, PSC y Ciudadanos abandonando sus escaños. A continuación, el Govern firmó el decreto de convocatoria.

El Consell de Garanties Estatutàries, órgano de la Generalitat encargado de velar por la legalidad de los acuerdos emanados del Parlament, ha rechazado por unanimidad las trampas jurídicas utilizadas por Junts Pel Sí y la CUP para tramitar por la vía de urgencia la ley del referéndum saltándose el preceptivo informe de la entidad catalana.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, insistió en defender el referéndum de independencia para Cataluña en el debate del Parlament frente a las "amenazas" del Gobierno central.

El PSOE cierra filas con el Gobierno en contra la consulta independentista de Cataluña. Así lo ha manifestado su secretario de organización, José Luis Ábalos, tras la tramitación de la ley del referéndum en el Parlament.

La decisión de admitir a trámite la ley del referéndum de Cataluña ya tiene consecuencias. Al margen de las decisiones anunciadas por el Gobierno central, la Fiscalía de Cataluña ha interpuesto ya una querella contra los miembros de la Mesa por desobediencia y prevaricación.

Contundente reacción urgente del Gobierno, que había reunido a su Consejo de Ministros con carácter excepcional a raíz del Pleno del Parlament catalán, que ha variado el orden del día de manera irregular, como se esperaba, para incluir una votación para aprobar la conocida como Ley del referéndum, la cual pretende convocar la famosa consulta independentista el 1 de octubre. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y no el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha sido la encargada de sostener esta postura tan firme y airada donde se ha prometido una acción urgente y legal contra el acuerdo del Parlament.

Lío total en el Parlament de Cataluña, cuyo emocionante, tenso y trascendental Pleno comenzó este miércoles a las 10 de la mañana. La presidencia de la Cámara, dependiente de la independentista Carme Forcadell, alteró el orden del día para que se admitiera hoy mismo a trámite la votación de la conocida como 'ley del referéndum', que autorizaría al Gobierno catalán a convocar la consulta ilegal prevista para el 1 de octubre. Antes de las 11 ya estaba suspendido para deliberar la Mesa si podía incluir en el orden del día dicha votación. Un formalismo porque ya estaba preparado. Pasadas las 13:00 horas se retomó la sesión, votándose la alteración del orden del día, con clara victoria del 'sí'. La oposición estalló con tensión y tras una gran bronca y varias intervenciones se consiguió otra suspensión del Pleno hasta las 15:00 horas. Las enmiendas se pueden presentar por los grupos hasta las 15:30.

Aunque ha sido una propuesta de su 'archienemigo' político, el presidente Rajoy dejó abierta la puerta a aceptar la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de formar parte de una comisión parlamentaria para la evaluación y modernización del modelo territorial y el Estado autonómico.

El desafío soberanista catalán afronta una semana clave, y es que el Parlament prevé aprobar la ley de convocatoria del referéndum del 1-O, en una votación en la que no participarán los llamados partidos constitucionalistas. Mientras el Gobierno y la Generalitat mantienen su cruce de acusaciones, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue llamando al diálogo para solucionar "la situación en Cataluña". Sánchez ha anunciado su intención de crear una comisión parlamentaria "sobre la evaluación y modernización de nuestro modelo territorial" en la que participen todas las fuerzas políticas.

Aunque desde la Generalitat y los partidos que componen el Govern se ha estado diciendo en alto que habrá referéndum, 'sí o sí', la realidad es que las fuerzas soberanistas catalanas ya consideran otras posibilidades. Por ejemplo, advierten de que si el Gobierno impide que se celebre el referéndum del 1 de octubre, alentarán movilizaciones en la calle.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado una vez más a la Generalitat a que abandone sus planes sobre el referéndum de independencia para Cataluña. "En sus manos está lo que pueda pasar en las próximas horas", ha advertido al tiempo que ha prometido una respuesta firme para hacer cumplir la ley y la Constitución.

La Generalitat tiene previsto firmar el decreto de convocatoria de la consulta independentista el próximo 6 de septiembre, una vez aprobada la ley del referéndum ese mismo día en el pleno del Parlament, según informa 'La Vanguardia'. La intención, según el diario, es que todo esté listo en cuestión de horas, de manera que la ley pueda aprobarse y la convocatoria del referéndum pueda realizarse antes de que se produzca la actuación del Gobierno español y el Tribunal Constitucional para suspenderlas.